El peculado bancario es un delito penal. Se trata del uso irresponsable del dinero de ahorristas para fines personales. El caso Livercostas S.A es una muestra de ello.
Durante la campaña de 2017 algunas hazañas dejaron la pista de que el Banco de Guayaquil se usó como la caja chica que financió la candidatura del nuevo villano de Ciudad Quito, Bankman.
El conocido caso Cedatos es la clave.
Cedatos fue contratado por Livercostas S.A. por $1,5 millones entre 2015 y 2017. Este contrato representó las dos terceras partes de las ventas de Cedatos en ese período, es decir, la encuestadora dependía financieramente de Livercostas.
Livercostas es una empresa creada por allegados a Guillermo Lasso. Su principal cliente (80 %) era el Banco de Guayaquil por $12,7 millones, por consiguiente, Livercostas dependía financieramente del Banco de Guayaquil.
El dueño del 80% de las acciones de Livercostas S.A. pertenecen a la pareja Iván Correa Calderón y María Verónica Mackliff, quienes compraron dichas acciones a los hijos de Lasso.
Iván Correa Calderón es miembro del Directorio de Banisi, el banco offshore de Lasso (recuerdan?).
María Verónica Mackliff es la apoderada de otro banco offshore, Banco Bolivariano Panamá (BBP). Casi igual que Banisi, el 80% de sus depósitos vienen del Ecuador. BBP tiene apenas 33 empleados y ningún cajero automático. Además, tiene una oficina de representación en Urdesa, en la ciudad de Guayaquil. El accionista de BBP es otra offshore, Equiholding.
Además de Cedatos, el principal proveedor de Livercostas es Publicitaria Cariba S.A. Extrañamente, uno de sus principales clientes es su principal proveedor. Livercostas pagó $7,8 millones a Cariba. Por lo tanto, Cariba dependía financieramente de Livercostas.
El principal accionista de Cariba S.A. es una empresa offshore panameña, denominada Sault Investments Inc.
El único accionista de Sault es un ecuatoriano-estadounidense, quien maneja su dinero en Banisi, el banco panameño de Guillermo Lasso.
Así, vemos como todo encaja.
Queda claro que el dinero de los ahorristas del Banco de Guayaquil, se usó para la contratación de una red de empresas que prestaron servicios publicitarios a la campaña presidencial de Lasso.
Esta actividad se llama peculado bancario, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería investigar con agilidad, esa que usa para procesar a líderes de mayor integridad moral y política.
