Lenín Moreno prepara el fraude: intenta impedir regreso de Correa

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Un reciente hecho es considerado una prueba más de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pretende sacar ilegalmente y de golpe porrazo a Rafael Correa, y todo lo que le circunda, del juego político electoral previsto para el 7 de febrero de 2021.

Esto, en medio de las más fuertes críticas por una gestión visiblemente plagada de corrupción administrativa, persecución a altos cuadros de la Revolución Ciudadana, violación de derechos fundamentales, pactos con mafias consumadas y crisis por ineficiencia en la atención de la pandemia de covid-19.

Según se lee en boletín de prensa con fecha 22 de junio de 2020, la Contraloría General del Estado de Ecuador decidió destituir y multar arbitrariamente a cuatro altos cargos del Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país.

La decisión de la institución dirigida por Pablo Celi De la Torre, incluye a quien fungía como presidenta del árbitro comicial, Shiram Diana Atamaint Wamputsar, por "permitir que continúen inscritos y mantengan su personería jurídica" los partidos Fuerza Compromiso Social de Correa, Justicia Social, Podemos y Libertad es Pueblo.

Argumenta la Contraloría General, se lee en la mencionada nota de prensa, que los funcionarios destituidos y sancionados no atendieron a la recomendación hecha por ese ente estatal (y contenida en el informe DNA 1-0053-2019 de agosto de 2019) de "considerar y vigilar la situación legal" de los referidos movimientos políticos ecuatorianos que supuestamente "incumplieron requisitos constitucionales y legales".

La acusación carece de asidero pues no hay una sola prueba conducente a la invalidación del registro de estas organizaciones legalmente conformadas.

También se han emitido oficios de predeterminación de responsabilidades con multa para Christian Cerda, en calidad de Coordinador Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales; Christian Navarrete, Director Nacional de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones Electorales; Johana Sánchez, Directora Nacional de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones Electorales; Lenin Sulca, Director Nacional de Organizaciones Políticas; Luis Mafla, Coordinador Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales; y, Xavier Buitrón, Coordinador Nacional Técnico de Participación Política.

Todos estos servidores tienen 30 días a partir de la fecha de la notificación para presentar los descargos a los que hubiere lugar.

Grupo de puebla rechaza persecución política y judicial

El Grupo de Puebla, que reúne a importantes líderes de la región, fue uno de los primeros en rechazar semejante acción, un episodio más de lawfare o guerra judicial implementada desde hace varios años en América Latina. Es "una clara muestra de persecución política y electoral por tendencia ideológica y sume al país bajo un sistema con tintes dictatoriales".

Añade que lo ocurrido es "una sistemática estrategia de las fuerzas conservadoras de judicialización de la política, y en particular de los proyectos progresistas, con la clara complicidad de los grandes conglomerados comunicacionales y una parte de las instituciones estatales y el poder judicial", se lee en un comunicado del Grupo.

"Ahora se pretende atentar abiertamente contra la democracia, impidiendo la participación política de una agrupación legalmente constituida, y que participó en el último proceso de elecciones seccionales (2019) alcanzando importantes espacios en las provincias más grandes del país".

Asegura que sus integrantes han sido "testigos del asedio permanente contra el expresidente Rafael Correa, a su primera línea de conducción política y al proyecto de la Revolución Ciudadana con una serie de medidas judiciales y hoy, un abierto atentado a sus derechos de participación política".

Agrega: "Alertamos a la comunidad internacional sobre la grave injerencia de funciones que se está dando en el Ecuador, con posibilidad de impedir la participación de la Lista Electoral que representa a los partidarios de la Revolución Ciudadana, a través de una disposición de la Contraloría General del Estado, que no tiene competencias en materias electorales".

Destaca además el Grupo de Puebla que la acción está "fuera de los tiempos establecidos por el propio Consejo Nacional Electoral de Ecuador que puso como fecha límite el 19 de junio para registro de organizaciones políticas, pretende dejar fuera del registro electoral al Partido de la Revolución Ciudadana".

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